El oficialismo impulsa una Bicameral en el Congreso por el conflicto en Jujuy
Legisladores nacionales del Frente de Todos presentaron un proyecto para que una comisión investigue posibles “hechos de violencia institucional" en el marco de las protestas por la reforma de la Constitución local.
Un grupo de legisladores oficialistas se trasladó a Jujuy, donde presentaron un proyecto de ley que impulsa la creación, en el ámbito del Congreso de la Nación, de una Comisión Bicameral Especial que investiguen los hechos que se sucedieron tras la reforma de la Constitución local que impulsó el gobernador Gerardo Morales.
Leila Chaher -autora- oficializó la iniciativa junto a los diputados nacionales Natalia Souto (PBA), Mara Brawer (CABA), Paula Penacca (CABA), Mónica Macha (PBA), Juan Marino (PBA) y Lia Caliva (Salta), y a legisladores provinciales de UxP.
“Estamos impulsando la creación de una comisión bicameral especial investigadora de los delitos y abusos a los derechos humanos, desde la aprobación de la reforma de la Constitución hasta ahora”, Chaher en una conferencia de prensa.
Y añadió: “Queremos que se investiguen las camionetas sin patentes que durante dos o tres días circularon deteniendo gente; las camionetas con patentes que detectamos de empresas privadas al servicio de la Policía de la provincia; los allanamientos a distintas personas que se fueron denunciando; el porqué los efectivos policiales dispararon a los ojos”.
En concreto, se busca que la Comisión Bicameral investigue si, desde la convocatoria a elecciones constituyentes en Jujuy, se respetaron y garantizaron los derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional, tratados internacionales y leyes nacionales.
El texto hace hincapié en el artículo 67° de la reforma constitucional sobre las protestas y cortes de calles, que -según los fundamentos- “infringen el artículo 14° de la Constitución Nacional y el Código Penal de la Nación”; y que las fuerzas de seguridad a cargo del Gobierno de la provincia, que “no actuaron con estricto apego a los protocolos”; a la violación de derechos humanos a ciudadanos en detenciones; al no cumplimiento de garantías procesales, entre otros.