Tecnópolis jamás estuvo tan judicial. El salón gigante, acondicionado especialmente para evitar cualquier tipo de inconveniente relacionado con el COVID-19, se llenó de libros de derecho y códigos penales. Este viernes comenzó el proceso por el cual se nombrarán a dos jueces para integrar la estratégica Cámara Federal, en los lugares que actualmente ostentan los trasladados Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

Bertuzzi se presentó. De chomba y zapatillas, el juez sabe que sus posibilidades de ser elegido para el lugar que actualmente ocupa son cercanas a cero. En Py consideran que su estrategia podría apuntar a la duración del concurso: mientras más se prolongue, más chances hay de que no sea este Ejecutivo el que deba elegir sobre las ternas que delineará el Consejo de la Magistratura. 

Cabe recordar que después de esta jornada de examen, los jurados del concurso tienen 30 días hábiles para corregir las pruebas y dar las notas. Después, vendrá el análisis de los antecedentes de cada uno de los candidatos y candidatas. En ese caso, son finalmente 55 los que quedaron en carrera: hubo 138 interesados pero solo 110 se anotaron al examen. La mitad de ellos no se presentaron el viernes. Entre los que pegaron el faltazo está el grupo Py: Julián Ercolini, Marcelo Martínez de Giorgi y Sebastián Ramos. 

Los que sí estuvieron fueron Sebastián Casanello; la fiscal Cecilia Incardona, el juez de Penal Económico Javier López Biscayart. Las mujeres, como suele suceder, fueron minoría: solo 12 además de Incardona se presentaron, entre las que estaban la fiscal de Mar del Plata Laura Mazzaferri y las secretarias de Cámara Ivana Quinteros y Susana Echeverría.

Una vez que estén las notas y los antecedentes, vendrán las entrevistas y finalmente el orden de mérito. Con esos resultados, se van a cerrar las ternas, que para ser aprobadas necesitan el voto de 9 de los 13 integrantes del Consejo de la Magistratura. Por eso es que los concursos más “políticos” suelen demorarse: se necesita consenso y negociación de los oficialismos para llegar al número mágico de 9. Para tener una idea: a Mariano Llorens le tomó diez años llegar a la Cámara Federal. Roberto Boico, que tuvo su audiencia en el Senado esta semana, fue elegido para integrar la Cámara después de un concurso que comenzó en 2018. 

Mientras tanto, a 17 kilómetros de Tecnópolis, Comodoro Py seguía en alerta por la batalla de las intimaciones. La decisión de ANSES de ir contra aquellos que presentaron sus papeles de jubilación pero nunca finalizaron la cuestión sigue a pleno, tal como lo reveló Data Clave la semana pasada.

“Inconducente e improcedente”. Casi un rima. Eso dicen los escritos que están preparando jueces, fiscales, defensores y funcionarios como respuesta a la intimación que le llegó a varios esta semana, entre los que están el fiscal federal Eduardo Taiano y el juez de Casación Carlos Mahiques. Ya está en marcha el contraataque: se presentará la próxima semana una acción declarativa de inconstitucionalidad firmada por la Asociación de Magistrados contra la resolución de la Anses.

Si algo le faltaba al clima caldeado es lo que ocurre en la Cámara de Casación, aunque aquí el problema no es el oficialismo (o por lo menos no el actual). El presidente Gustavo Hornos quedó en offside luego de que se dieran a conocer sus visitas a la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri. El juez ensayó una explicación que no convenció a sus colegas: que se trataba de un vínculo social, que hablaban también de algunas cuestiones con respecto a reformas procesales y penitenciarias. Ya la semana pasada un grupo de jueces lo había cuestionado pero ahora, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma le exigieron que llame a un acuerdo general para que se defina si sigue a cargo de la presidencia de la Cámara más importante del país.

Entre los comentarios sobre la situación de Hornos y las intimaciones, dos temas más cruzaron los grupos de whatsapp: la condena a Lázaro Báez y los dichos del presidente sobre la causa por la “vacunación vip”. De lo primero, las charlas giraban en torno al famoso “delito precedente” que requiere la figura de lavado de activos, por la que el empresario recibió 12 años de prisión. Varios esperan ansiosos la argumentación de los jueces al respecto, que podría girar en torno a que no se requiere una sentencia sino una situación delictiva. El 26 de abril llegarán las certezas pero de todas formas ya se convirtió en la primera condena de lavado donde el delito precedente sería un delito contra la administración pública.

“¿Se olvida el Presidente del artículo 261 del Código Penal?”. Esa fue la pregunta que giró un fiscal federal en un grupo laboral. “Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”, dice el artículo en cuestión.

Esto es lo que se conoce como “peculado de servicio” o “peculado de uso”: vendría a ser cuando un funcionario público saca de su órbita “trabajos y servicios” que fueron pensados para algo y los destina hacia otra cuestión. El ejemplo se cuenta solo: las vacunas estaban destinadas a algo y un funcionario decidió destinarlas hacia otro costado, marcan en Py. Será cuestión de esperar cómo avanza la causa que tienen el fiscal Taiano y la jueza María Eugenia Capuchetti, con un ojo también en los sumarios administrativos dentro del Ministerio de Salud.