Las fuerzas de seguridad sólo le dieron malas noticias durante la semana que pasó al gobernador bonaerense Axel Kicillof. El feroz operativo en el partido entre Gimnasia y Boca en La Plata fue el final de una serie de episodios negativos que tuvieron como protagonistas a efectivos que en última instancia responden al ministro del área, Sergio Berni, un incombustible que pese a todo sigue en su cargo.

Después del desastre en la noche platense del jueves, el gobierno provincial reconoció que la policía "no fue capaz de brindar seguridad a quienes asistieron" al partido y además dispuso el apartamiento del jefe policial responsable del dispositivo de seguridad que terminó con un hombre muerto de 57 años, por una afección cardíaca.

Pero la barbarie en la cancha de Gimnasia fue el corolario fue una serie de eventos desafortunados de las fuerzas de seguridad, por calificarlos de alguna manera, que hicieron impacto en el gobierno provincial. Y generaron un costo político para la gestión que algún momento se deberá evaluar.

El miércoles antes del mediodía, efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense anduvieron a los tiros en los jardines de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, luego de que un preso que concurría a estudiar Historia intentó escaparse de sus custodios.

Según se dijo, hicieron disparos al aire con balas de goma, pero las detonaciones provocaron temor y desconcierto entre profesores y alumnos. Una finalidad que puede ser aplaudida, esto es que los presos estudien, quedó opacada de la peor manera por los videos que circularon en las redes sociales con los agentes corriendo mientras de fondo se escuchaban los disparos.

El gobierno provincial, o al menos Kicillof, tiene un discurso de respeto de los derechos humanos y de control estricto de las fuerzas provinciales. Aunque esa línea muchas veces choca con las declaraciones y actitudes del ministro Berni, que apela a una postura más cercana a Patricia Bullrich, porque se supone que genera rédito.

Por eso también es llamativo que la administración bonaerense recibió esta semana cuestionamientos por parte de organismos de defensa de los derechos humanos, por la actuación de la policía provincial en dos casos que tuvieron mucha repercusión y en los que jóvenes y adolescentes fueron víctimas.

La Comisión Provincial por la Memoria recordó que esta semana los agentes de la Policía Bonaerense Jonathan Cabrera, Micaela Estigarribia, Vanesa Cano y Ariel Estévez Pitrau fueron denunciados y luego detenidos en Mar del Plata "por demorar a dos jóvenes de 14 y 16 años, insultarlos, amenazarlos, golpearlos y simular un fusilamiento tras llevarlos a un descampado".

"Cabe destacar que este  no es el primer caso en el que dos policías simulan un fusilamiento en Mar del Plata; en el inicio de las medidas de aislamiento, desde la CPM se denunciaron hechos similares contra dos jóvenes que circulaban por la calle una madrugada y dos policías los demoraron,  los hicieron arrodillarse mientras los reprendían por estar incumpliendo la cuarentena y les gatillaron a la cara.  La CPM viene denunciando la práctica sistemática de la tortura de parte de la policía bonaerense en su actuación cotidiana", advirtió el organismo.

Axel Kicillof sólo recibió malas noticias de las fuerzas de seguridad: el dilema Berni

Y también esta semana se sumó el reclamo de Amnistía Internacional Argentina por la muerte hace cuatro meses de la joven Daiana Abregú en un calabozo de la comisaría de Laprida, un pueblo de cinco mil habitantes en el sur provincial.

La Policía sostuvo que la joven se había ahorcado con las mangas de la campera, algo que que la familia rechaza. Por el caso hubo varios agente detenidos, pero luego fueron excarcelados por un polémico informe de la Policía Federal.

“Desde Amnistía Internacional acompañamos a la familia de Daiana, quien falleció bajo custodia policial en circunstancias que deben ser investigadas en profundidad y con celeridad para determinar responsabilidades de todas las personas involucradas en su detención y muerte, y en el intento de ocultamiento de los hechos”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de la institución.