“No habrá cambios de gabinete” señaló una alta fuente del Gobierno nacional a Data Clave. Tras la reconciliación del presidente Alberto Fernández con el canciller Felipe Sola, (algunos sostienen que la línea internacional de Sola es bien vista en el Instituto Patria) el elenco ministerial se mantendrá. Más allá de las quejas que continúan por lo bajo respecto a “funcionarios que no funcionan”, por el momento Alberto Fernández pudo defender a su equipo.

Existe coincidencia con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a la necesidad de contar con un buen resultado electoral en octubre; sin embargo, hay diferencias de enfoque en cuanto a qué se necesita hacer para lograrlo.

Los colaboradores más cercanos a Alberto y entre ellos el ministro de Economía, Martin Guzmán propugnan no descuidar el problema fiscal. Esto significa por ejemplo: aumentar tarifas y no volver a otorgar subsidios como el ATP o el IFE, entre otras medidas. Son los que además trabajan para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes del próximo vencimiento con el Club de Paris (mayo venidero).

“Todo bien con Kristalina Georgieva y su mirada más amigable, pero esto no significa que el FMI no vaya a pedir un programa de austeridad fiscal”, comentaban en Washington. Después de todo, el Fondo no puede hacerse el distraído con un país cuya inflación núcleo ya llega al 60% anual y que obviamente requiere un ajuste.

En tanto, en el Instituto Patria –muchas veces portavoz de Cristina- creen que “lo mejor sería dilatar las negociaciones con el FMI”- en buen criollo “patear el acuerdo para más adelante”, es decir después de las elecciones. 

Si bien el gobierno anunció oficialmente la convocatoria a Audiencias Públicas para marzo en el marco de la recomposición tarifaria, se estima que el proceso llevara su tiempo. “Primero se revisará el esquema tarifario existente, se escuchará lo que sugieran las audiencias y se modificaran los que se considere razonable y recién ahí se elevará a la consideración presidencial”,  explicaban en fuentes oficiales.  Al tiempo que aclaraban “pero la última palabra de un eventual ajuste la tiene el presidente”. Es decir, puede o no haber un ajuste tarifario.

Y, en este punto, seguro aparecerán las diferentes miradas que hay dentro de la coalición gobernante.

Para la ex presidenta el atraso tarifario de su gobierno no fue un error, al respecto su encono con el ministro de la Producción, Matías Kulfas, obedece a que el economista escribió un libro titulado “Los tres kirchnerismos” donde cuestionó entre otras cosas justamente la política tarifaria.

Pero más allá de la convicción de que sus políticas económicas fueron virtuosas hoy Cristina tampoco “está dispuesta a rifar su base electoral y difícilmente se ganen elecciones aumentando tarifas y permitiendo subas de precios”, argumentan.  

La mirada del Instituto Patria respecto de la suba de precios una actitud “conspirativa o angurrienta de los empresarios”. Postulan la teoría “que ganaron mucha plata y que ahora son tiempos de ser solidarios”.

En el sector empresario saben que los “costos” para mantener la base electoral del Frente de Todos los pagaran ellos. Pruebas sobran se quejan: reglamentaron la Ley del Impuesto a la Riqueza, mantienen el programa de Precios Máximos, la prohibición de despidos y la doble indemnización, la política errática en materia de comercio exterior, por citar algunos ejemplos.

Los hombres de negocios conocen que la convivencia con el kirchnerismo nunca fue fácil y un viejo dirigente empresario así lo resumía: “por qué esta vez iba a ser mejor”.

Controles

En donde hay coincidencia, aunque con matices, es en controlar los precios.  Ante la suba en los precios de los alimentos, el Gobierno continúa desplegando medidas de acción directa. Esta semana se anunció un acuerdo con la industria frigorífica y los supermercados para retrotraer 30% los valores de algunos cortes de carne vacuna.

Sin embargo, la medida recibió críticas, particularmente por considerarse que tendrá un efecto limitado ya que se entregarán hasta 6.000 toneladas por mes en el marco del acuerdo, una cifra que equivale a menos del 3% del consumo.

Pero el gobierno apuesta con fuerza a la recuperación de la economía. Señalan como ejemplo auspicioso que hay empresas como Ternium, fabricante de aceros planos, que tuvieron el mejor cuatrimestre de su historia a fines de 2020, como consecuencia de la mayor demanda de electrodomésticos y automóviles, entre otros rubros.

Al respecto, anticipan que, en principio, “no habrá más cierres de actividades (aunque aumente la cantidad de casos por Covid 19” al tiempo que ratifican que “no habrá más ni ATP ni IFE”.

Este es otro punto de discrepancia con el Instituto Patria y algunos integrantes de la Cámpora. Varios miembros de gabinete nacional reconocen que “podemos trabajar con La Cámpora porque no son tan kamikazes como los del Instituto Patria".

Si bien hasta ahora las autoridades vienen cumpliendo con la norma de no dejar retrasar el tipo de cambio, hay quienes temen que, por tratarse de un año electoral, el Gobierno se vea tentado en algún momento de volver a utilizar al dólar oficial y a las tarifas como anclas de los precios y así recomponer el salario real. 

A la luz de las limitadas reservas netas con que cuenta el BCRA – en torno de los 4.000 millones de dólares – los economistas consideran que se trataría de una jugada riesgosa.

Pero con la soja en los precios más altos de los últimos 6 años (u$s 500 por tonelada) y la disposición de unos 15.000 millones de dólares en bonos soberanos que el Banco Central puede vender contra pesos, la tentación de un cierto retraso cambiario en un año electoral es casi un clásico de la historia económica argentina, claro está, a costa de acumular tensiones en el frente cambiario y monetario para después de las elecciones.

El Gobierno, en tanto, está buscando otros financiamientos. En fuentes de la Casa Rosada se comentan discretos contactos que los más altos funcionarios habrían mantenido con un fondo de Emiratos Árabes para obtener una línea por 10.000 millones de dólares. 

Quienes critican a las políticas de control de precios y tarifas señalan que estas medidas terminan provocando altos costos. Así, el valor total de las empresas energéticas y de servicios públicos argentinas actual es de 4.000 millones de dólares. En enero de 2018 todas estas compañías costaban 38.000 millones, es decir 850% más, según un cálculo de Cocos Capital.

Fuga de empresas

En este contexto se observa un retiro jugadores internacionales. En materia de fusiones y adquisiciones, “la actividad del cuarto trimestre fue liderada principalmente por empresas internacionales que se retiraron de Argentina”, señala un informe de la consultora KPMG.

El estudio destaca un mayor nivel de actividad de jugadores locales como adquirentes (la proporción de compradores locales pasó de 50% a 70%), “aprovechando el retiro de jugadores internacionales que dejan oportunidades para adquirir negocios a precios muy competitivos”.

Al respecto, recuerda que “entre 2013 y 2016 la participación de jugadores locales fue del 80%, al haber desplazado a empresarios internacionales que retiraron su interés en Argentina producto de los controles cambiarios que se mantuvieron hasta diciembre de 2015, por lo que la tendencia podría intensificarse a futuro”.

Los factores que mayormente explican las salidas o las intenciones de retirarse del país, incluyen “la depreciación de la moneda, la restricción al acceso al mercado de cambios y la incertidumbre económica”.

Asimismo, se señala que las decisiones de estrategia corporativa y los cambios en el modelo de negocios a nivel regional también han jugado un rol importante en muchas de las transacciones

El sector consumo fue el que mayor nivel de actividad mostró el último trimestre del año pasado. Las compañías internacionales de consumo, con portafolios de productos premium fueron las más afectadas estos años y, en un contexto que se presenta como adverso, han liderado los procesos de desinversión.

Tal fue el caso de la venta de Wall-Mart Argentina al grupo De Narváez (estimada entre 70 y 100 millones de dólares) a la que se suma la operación de venta de Edenor a la Empresa de Energía del Cono Sur (José Luis Manzano - Daniel Vila - Mauricio Filiberti) (por una cifra calculada en 150 millones de dólares).

Pero el contexto se torna más complejo si se toma en cuenta que el desánimo también afecta a los jugadores locales. Al respecto, 81% de los líderes y formadores de opinión del país es "pesimista" con respecto a la situación actual del país, un índice que no tiene antecedentes desde que la muestra se inició, en 2008, según advierte un estudio de Poliarquía.