El Gobierno cerró enero cumpliendo con una de sus promesas de campaña: alcanzar superávits gemelos. Anotó un superávit primario de 0,2% del PBI en el primer mes del año, y logró registrar un superávit financiero de 0,05% del PBI por primera vez desde mediados 2012.

En paralelo, el saldo comercial ascendió a USD 800 M, que en buena parte pudo capitalizar como reservas para el BCRA. Los datos confirman la dirección elegida por el Gobierno, pero todavía están lejos de implicar un avance real.

El superávit primario de enero se explicó en buena parte por el freno de los pagos: Hacienda pagó menos de la mitad de los compromisos devengados en el mes. La deuda que quedó pendiente asciende a $ 2 Bn, un monto equivalente al resultado primario mostrado. Es decir, sin este efecto contable, el superávit financiero no habría sido tal. Aun así, está claro que el Gobierno devengó menos gasto que el año pasado (-11% anual real) y el ajuste aplicó prácticamente de forma generalizada para todas las partidas.

Sin un presupuesto aprobado para 2024, lo que obliga a asumir como máximos los créditos establecidos en la Ley de Presupuesto 2023, se hace administrativamente más fácil el ajuste, además de otorgar amplia discrecionalidad al Jefe de Gabinete.

El ímpetu del Gobierno en avanzar en la convergencia fiscal no deja de ser destacable, pero hasta el mismo FMI en su visita al país, reclamó conseguir un mayor enforcement para los cambios propuestos de manera que puedan percibirse como sostenibles en el tiempo y terminen de apalancar las bases de crecimiento.

Los numerosos frentes de batalla que tiene abiertos el Gobierno (gobernadores, legisladores, gremialistas, movimientos sociales, empleados públicos, entre otros) hace pensar que eso no está dentro de sus objetivos.

Este clima de tensión difícilmente sea apropiado para garantizar la llegada de inversiones a las que el ministro Caputo hizo referencia en entrevistas durante la semana, sobre todo inversiones del lado real de la economía.

2023 cerró con una retracción del 1,6% promedio, pero con una caída del 4,5% anual en diciembre. En la comparación mensual se desplomó 3,1% (desestacionalizado) lo que deja un arrastre negativo de 3,5 pp para 2024. Parece difícil que, en medio de un intento de cambiar precios relativos y sanear las cuentas públicas dejando una importante caída en los ingresos reales de buena parte de la población, el consumo pueda ejercer alguna tracción sobre la actividad.

Así, la carga de la amortiguación estará en el sector externo. Del lado de las exportaciones ayudará la recuperación de la cosecha post sequía; del lado de las importaciones la recesión hará su parte; pero para ambos casos será necesario garantizar un tipo de cambio real competitivo.

En nuestra visión, 2024 se encamina a cerrar como otro año con recesión, aun cuando pueda vislumbrarse cierta recuperación de la actividad hacia finales de año, si el Gobierno resultase exitoso en estabilizar la economía. El desafío no es menor. La economía argentina requiere al mismo tiempo una estabilización nominal (inflación) pero también una real (casi década y media de virtual estancamiento).

Esto impone un mayor grado de complejidad porque lo que ayuda a desinflar suele afectar el nivel de actividad, y lo que permitiría levantar la actividad, suele afectar la velocidad de los precios. Nuestra proyección es una caída del 4% anual promedio. Sería el año de mayor caída desde 2002 sin contar 2020 afectado por la pandemia. De confirmarse, el PBI por habitante retrocedería a niveles semejantes a los 20 años atrás.