A pesar que, en su momento, se retiró el capítulo fiscal de la ley de Bases, la
actual administración nunca cedió el compromiso con el déficit fiscal cero.
Naturalmente, es algo deseable. El equilibrio fiscal debe ser el resultado del ordenamiento del Estado, para no caer nuevamente en déficits que se vuelven crónicos. 

Del resultado fiscal del sector público nacional del 2023, que se publicó
recientemente, el déficit fiscal primario ascendió a 3% del PBI. De añadirle el pago de intereses, estamos ante un desequilibrio de casi 6% del PBI. La brecha entre ingresos y gasto se debe financiar con deuda pública o con emisión monetaria.  Y al no tener acceso al crédito, sabemos cómo se cubre dicha necesidad de financiamiento.

Asimismo, al sumarle las pérdidas del BCRA, el resultado es siempre el mismo: inflación. Claramente, con este escenario, se justifica la prioridad que le asignan a lograr el equilibrio fiscal.

Si observamos los resultados fiscales del año que dejamos, dentro de la
dinámica de las finanzas públicas en los últimos años, considerando datos que se desprenden del Ministerio de Economía, vemos que el resultado financiero promedio entre 2000 y 2023 fue de –2,2% del PBI. Por su parte, el resultado financiero promedio de los últimos 10 años fue del –5% del PBI. El resultado financiero del 2023 fue del –5,9% del PBI. 

En pocas palabras, lo que estos datos muestran es el desequilibrio en las
cuentas públicas. Crónico y creciente. Los resultados financieros positivos entre 2003 y 2008 se explican por un contexto internacional inéditamente próspero y una contabilidad que no registraba como gastos los intereses que devengaba la deuda en default ni los juicios de los jubilados. 

El resultado de la acumulación de desequilibrios financieros fue generando la
creación y el aumento de malos impuestos y malas prácticas en la administración del gasto. Un tercio de la recaudación nacional proviene del IVA y Ganancias. El remanente proviene mayoritariamente de tributos a la producción y el empleo (cargas sociales, impuesto al cheque, derechos de exportación e importación, impuestos internos).

La decadencia y la crisis actual no son solo una cuestión de gastar por encima de los ingresos. La creación y aplicación de malos impuestos y una administración ineficiente también influyen. No reparar en estas cuestiones cualitativas puede llevarnos a un error de diagnóstico o, al menos, a un diagnóstico parcial de esta problemática. 

Es por ello que las estrategias de ajuste fiscal tradicionales son efectivas
en el corto plazo (para estabilizar) pero no sustentables en el largo.
En síntesis, los ajustes fiscales tradicionales descansan en un simplismo
preocupante y delicado. Si quisiéramos cerrar el déficit con más impuestos distorsivos (derechos de exportación, por ejemplo), estaríamos ante algo inconducente porque corta la producción. 

De igual forma, si buscáramos bajar el gasto público manipulando
la movilidad previsional, terminaríamos agravando la litigiosidad. Es correcto enfatizar en alcanzar la meta de déficit cero pero sin perder la mirada y el norte en la solvencia financiera y también de gestión, basándose en un ordenamiento integral del Estado.