La usual corrida contra el peso en la previa al proceso electoral parece haberse adelantado. A 20 días de los comicios, las cotizaciones libres del dólar empezaron a escalar con ritmo. El dólar CCL cerró en $ 892, reflejando un aumento de 9% en la última semana y el dólar Blue corrigió a $ 880, 10%. El dólar MEP, todavía intervenido por el BCRA, también reaccionó cerrando en $813, con un alza de 16% en los últimos 5 días.

Con un fuerte rescate de fondos comunes de inversión en los últimos días (que se reflejó en una caída de los depósitos a plazo en los bancos) la demanda por cobertura empieza a ser más palpable. El valor del dólar CCL no llega a los $ 1.030 registrados en la corrida de 2020, ante el stress que se generó en medio de la reestructuración de la deuda con privados en la gestión de Guzmán. Se ubica también por debajo de los $ 1.060 que indica el tipo de cambio de convertibilidad, aquel que surge de asumir la conversión del total de base monetaria y pasivos remunerados contra el stock las reservas brutas que el BCRA tiene en su activo.

Este indicador ha venido siendo una referencia para las cotizaciones libres del dólar, por lo que cabría pensar que todavía tienen camino por recorrer. Pero en este contexto, podría no ser incluso un techo. Es verdad que la devaluación aislada post PASO no derivó en una corrección de precios relativos y que corrido poco más de un mes el tipo de cambio real multilateral (TCRM) retoma los valores previos. Pero también es cierto que los fundamentos macro, aún con los desequilibrios que muestran, no parecen demandar una corrección cambiaria de una magnitud comparable a la que exhibieron los dólares paralelos en las últimas semanas.

Medido a precios de hoy, recuperar los niveles de competitividad que promediaron entre 2003 y 2005, cuando la economía contaba con amplios superávits comerciales demandaría un dólar en $ 590 (y de $ 710 si se corrige por el aumento de la presión tributaria respecto a aquel entonces).

Podría pensarse incluso que esto es un extremo y que la economía convivió con superávit de cuenta corriente en otros períodos, aún con un dólar más bajo. En efecto, en 2012, último año con un saldo positivo en la cuenta corriente, el dólar equivalía a $ 391 de hoy (12% por encima del valor actual). En este amplio rango de precios (medidos a valores de hoy) sería esperable que corra una vez la economía se haya estabilizado.

No obstante, y en la previa, en estos niveles de incertidumbre parece no haber precio que le ponga un techo al dólar. Y en este contexto, fogonazos desde la política para que el ajuste se haga antes de un eventual cambio de mandato agudizan los temores y elevan el riesgo de que la crisis cambiaria se contagie al sistema financiero. La salida de depósitos luce todavía marginal, pero la tasa de renovación de las colocaciones a plazo se recortó a niveles de 93%, semejantes a los que prevalecieron en la corrida de 2019 y en el cuarto trimestre de 2020.

En paralelo, el Gobierno sigue en un intento desesperado por impedir la escalada antes de las elecciones generales. Amplifica la devaluación sectorial, extendiendo el Dólar Soja hasta fines de octubre, habilitando a empresas de hidrocarburos a liquidar el 25% de sus divisas al dólar CCL sin perder acceso al MLC para importar a $ 350 y anuncia que lo mismo correrá para Pymes exportadoras desde la semana que viene.

Además, presiona a las ALyCs vía la UIF para declarar los compradores de CCL, extiende el parking para las operaciones con Globales e intensifica su intervención en el MEP (con Bonares), comprando títulos contra reservas que caen por este motivo a un ritmo mayor del que se incrementan por la posibilidad de liquidar a un tipo de cambios más alto.

En efecto, en la última semana el BCRA perdió reservas por USD 678 millones. Pasadas las elecciones, e independientemente del resultado, el escenario seguirá estresado. El Gobierno, con aval del FMI, corrió los vencimientos de estas semanas hacia fines de mes. Deberá saldar USD 914 M por pago de capital de septiembre y USD 2.627 M por los pagos de octubre. A su vez, quedó comprometida para noviembre la revisión del acuerdo que habilitaría el desembolso de USD 3.300 M para afrontar los pagos de los últimos dos meses del año.

El resultado de las elecciones posiblemente defina quién tomará las riendas de esa negociación, pero a todas luces será una tarea difícil para la gestión actual, que, más allá de una devaluación desordenada concedida al FMI, no parece haber estado avanzando en la dirección comprometida con el Organismo.

En un intento porque la ilusión monetaria de la población lo acerque al balotaje, en unas pocas semanas el Gobierno inyectó el equivalente a 1,2% del PBI en la economía a través en un extenso paquete de medidas buscando complementar los ingresos erosionados por la aceleración de la inflación. Es una estrategia en clara contraposición a la que propone el otro extremo de la oferta electoral, pero con altos costos en el corto plazo. Más allá de avanzar a contramano al FMI en materia fiscal, las medidas tendrán efecto inflacionario. Es que, aun cuando el mercado de deuda en pesos no sufre stress, a raíz del peso de la deuda intrasector público y por la permanencia de los puts del BCRA sobre los títulos del Tesoro, la financiación de ese paquete será vía emisión directa o encubierta. Y un aumento en el actual exceso de pesos terminará teniendo su correlato en precios. Pero posiblemente ya sea la próxima gestión la que sufra la nueva ola de subas.