La Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal (MPF) presentó un informe sobre la situación de 105 mujeres travestis y trans y 4 varones trans entre 2013 y 2019, con el objetivo de analizar la repercusión de la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) sancionada en mayo de 2012.

El documento reveló que el 73 por ciento de las mujeres travestis y trans que están alojadas en cárceles federales afronta una causa relacionada al comercio de estupefacientes, y que la gran mayoría sufrió algún tipo de violencia por parte de las fuerzas de seguridad o de la Justicia.

En cuanto a las infracciones de la Ley de Drogas, el 38% de los casos fueron por comercio agravado, el 24% por tenencia con fines de comercialización, el 21% por comercio simple, el 7% por tenencia simple, el 3% por transporte y el 1% por entrega de estupefacientes a título gratuito.

El informe señala la existencia de un contexto con características comunes en la mayoría de las causas relacionadas con el comercio de estupefacientes, entre las cuales se destacan el ejercicio de la prostitución en la vía pública, la venta directa de la droga a los consumidores y el narcomenudeo como una herramienta para subsistir económicamente.

Por otro lado, la investigación del MPF señala que, en la gran mayoría de casos, las fuerzas de seguridad no respetan el género autopercibido de las personas travestis y trans durante la detención, situación que se evidencia en los sumarios policiales donde “no suele corresponderse con el género autopercibido de las personas, sino que replican el nombre que figura en el DNI”.

Esto también se relaciona con “los obstáculos desde lo social, normativo e institucional para hacer efectivo el derecho a la identidad de las personas travestis y trans”, ya que en el 84% de los casos no pudo acceder a su nuevo DNI que refleje su género autopercibido.

En cuanto a la violencia intracarcelaria, el 13% de las encuestadas dijo haber recibido agresiones físicas por parte de agentes penitenciarios, al mismo tiempo que muchas de ellas dijeron que no cuentan con las condiciones necesarias para denunciar estos hechos debido a que se sienten amenazadas.

En esa línea, el 45% de las mujeres travestis y trans afirmó haber recibido agresiones físicas por parte de otras internas, donde las encuestadas mencionaron de forma recurrente que “la convivencia en el pabellón con las mujeres cisgénero les resultaba hostil”.

Por último, un 68% de las encuestadas consideró que fiscales y jueces no tuvieron en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de las personas travestis y trans al momento de tomar las decisiones en los procesos judiciales en su contra.