Representantes del Estado argentino llevaron a cabo “el reconocimiento de responsabilidad internacional y pedido de disculpas” por las violaciones de derechos a María del Carmen Senem de Buzzi, una mujer que permaneció internada ilegalmente en una clínica psiquiátrica en 1993 acudido a la justicia a pedir ayuda por su hijo de 19 años afectado por el consumo problemático de drogas.

“A partir de esta presentación, una jueza nacional ordenó que la sometieran a una pericia psiquiátrica que duró apenas unos minutos y dispuso su internación forzosa, en violación de la legislación vigente en ese momento”, detalló el CELS que patrocina a la familia de la mujer, fallecida en 2019.

Senem de Buzzi fue “engañada por las autoridades del juzgado y trasladada a una clínica psiquiátrica de la provincia de Buenos Aires, donde estuvo detenida por casi cinco meses”, agregó el organismo y caracterizó su caso como “paradigmático” respecto de “cuál era la respuesta estatal que recibían las personas usuarias de los servicios de salud mental en Argentina antes de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental”.

En medio del debate por la Ley de Salud Mental, Argentina reconoció su responsabilidad en un caso de internación ilegal

Durante todo ese tiempo, los defensores públicos no se contactaron con ella ni realizaron actos procesales eficaces y adecuados para la defensa de sus derechos. El juzgado no controló la internación ni veló adecuadamente por su libertad e integridad.

Cuando finalmente salió del centro psiquiátrico, presentó un recurso judicial que tardó casi 14 años en ser resuelto y que fue rechazado. Le negaron la posibilidad de tener justicia y reparación por los daños sufridos. María del Carmen murió en febrero de 2019, y su hijo Maciel continúa su legado.

El caso resulta paradigmático porque muestra cuál era la respuesta estatal que recibían las personas usuarias de los servicios de salud mental en Argentina antes de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental. También invita a reflexionar sobre las prácticas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos que aún persisten, a pesar de la vigencia de la ley.

El acuerdo alcanzado entre las partes que se firmó este martes establece medidas de naturaleza estructural, como por ejemplo, la promoción para la creación de órganos de revisión en todas las provincias del país, la presentación de planes de adecuación de los hospitales neuropsiquiátricos públicos de la Provincia de Buenos Aires y la adopción de las normas de habilitación y supervisión para el funcionamiento de los efectores de salud mental y consumos problemáticos en la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, capacitaciones y formación en salud mental y derechos humanos para funcionarios y magistrados del ámbito judicial; la promoción de la implementación en las provincias de la Ley Nacional de Salud Mental; y otras medidas de difusión y publicidad del acuerdo y de los derechos de personas usuarias de atención psico-social.