En el Gobierno no tienen paz: a una pandemia que aún no terminó, internas en la coalición, inflación descontrolada, los otros problemas que trajo la guerra en Ucrania y la disputa en el Consejo de la Magistratura se le suma ahora una disputa con los empresarios. La idea de gravar la “renta inesperada” que anunció Martín Guzmán junto al Presidente el lunes abrió un nuevo frente con los referentes de las empresas, que la oposición utilizó en su favor.

Para los empresarios, la medida atenta contra la inversión y el crecimiento, a la par que reclaman la solución de diversos problemas que afectan hoy el normal funcionamiento de sus actividades. “Tenemos 165 impuestos, no le podemos sumar otro. Debemos analizar la propuesta que hizo Guzmán en profundidad, pero seguro que no es la solución”, dijo a Data Clave el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, quien también forma parte del diálogo tripartito que promueve Alberto Fernández entre Gobierno, capital y trabajo.

El ministro de Economía trabajó durante todo el fin de semana en el bono anunciado, que según estimaciones de esa cartera podría llegar a 13 millones de personas con una inversión de $200.000 millones, es decir, 0,3% del PBI, y en un impuesto a las “ganancias inesperadas” de un puñado de empresas.

Los beneficiados son los sectores más castigados por la inflación que acumuló 16,1%, su nivel más alto en 30 años: informales, monotributistas, trabajadores de casas particulares, jubilados y pensionados. Por caso, los informales perdieron casi el 32% de su poder adquisitivo desde 2016 y 7,1% en el último año.

Casualidad o no, el lunes el Fondo Monetario Internacional se manifestó a favor de “cobrar impuestos temporales más altos” en tiempo de pandemia o guerra debido a que en situaciones como la actual, algunas firmas se benefician como nunca antes y otras se ven muy perjudicadas. En esa línea, Martín Guzmán ratificó el programa económico del FMI y aseguró que, a pesar del desembolso, se cumplirían las metas del primer trimestre que planteó el acuerdo con el organismo.

Reacción empresaria

Desde el Gobierno señalan que serán entre 100 y 200 empresas las que deberán pagar el nuevo tributo a las ganancias extraordinarias derivadas de la disparada de precios por la guerra en Ucrania, en línea con los pedidos que venía haciendo el kirchnerismo. Sin embargo, los empresarios desconfían y señalan que podrían ser incluso más. Por ahora no hubo demasiadas precisiones sobre los detalles del proyecto.

Según explicó Guzmán, el universo se enfocará en el conjunto de empresas que tenga ganancias netas imponibles altas superiores a los $1.000 millones en el año, “que en 2021 fue sólo el 3,2% de las compañías”. Además, se incluirá un criterio que establece que, si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión productiva, el monto de la contribución será menor. También se comprometió a llamar a todos los sectores para trabajar en los principales lineamientos.

Ayer, la UIA se manifestó “preocupada” por la intención oficial luego de una reunión de la junta directiva de la entidad. La casa fabril afirmó que la presión tributaria afecta al sector formal y que un nuevo gravamen tendría consecuencias “negativas” para la inversión y la generación de empleo. 

“En los próximos días, el departamento de Política Tributaria y el CEU estudiarán los alcances de la medida y su repercusión en los diferentes sectores productivos”, mencionaron. Por otro lado, durante el encuentro se presentó un informe que “da cuenta de las distorsiones y el impacto sobre la producción y las exportaciones producidas por el Impuesto a los Ingresos Brutos y la proliferación de  tasas municipales a lo largo ya ancho del país”. 

Esa es una de las visiones que sostiene el presidente de la Casa Fabril. Funes de Rioja hace hincapié en “165” impuestos al sector privado, con un anclaje en un informe que publicó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) sobre el tema. Un funcionario importante del área económica del Gobierno dijo a Data Clave que ese informe “no es realista” y que, si bien reconoció la presión impositiva, “ninguna empresa paga todos esos impuestos juntos”.

En ese sentido, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), también se mostró en contra de gravar la “renta inesperada”: "La Argentina no necesita más impuestos; al contrario, lo que hace falta es sacar el freno de mano a la producción y a la inversión para que haya más trabajo".

“Si bien la guerra generó un aumento en el precio de ciertos commodities agrícolas, lo hizo también con los costos de producción, más aún en nuestro país. Sumados a la escasez de insumos críticos han neutralizado, o más, los relativos beneficios de los productos del agro”, agregaron.

En busca del diálogo

En este marco, el Gobierno trabaja para “anclar expectativas” con acuerdos junto a empresarios y sindicalistas para contener la inflación. El 6,7% de marzo generó un cimbronazo, mientras que las consultoras anticipan que marzo sería superior al 5% y el año cerraría cerca del 60%. 

En el mundo se ven datos de inflación que no se dan desde hace décadas, Argentina no sería la excepción. Para enfrentar esa situación, se impulsó el programa Precios Cuidados y un fideicomiso para el trigo, justamente con los sectores que se manifestaron en contra de gravar las ganancias por la guerra. 

Del otro lado, la oposición salió rápidamente a repudiar la intención del ministro Guzmán. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta,  aseguró que nuestro país “no soporta un impuesto más”. En el oficialismo consideran que para el principal frente opositor ponerse en contra sería más costoso que beneficioso de cara a la sociedad para Juntos por el Cambio. Sin embargo, la batalla se dará en un Congreso no tan favorable para el Gobierno.