El "Súper Ministro" también tendrá que pelear contra el pedido de un Salario Básico Universal
Una parte del Gobierno lo impulsa, pero su impacto en las cuentas públicas, desde un costo mínimo del 0,7 hasta un máximo de 6,6 puntos del PBI, pone en duda su implementación.
Para entender el contexto de esta historia, hay que remontarse a finales de octubre del 2009 cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner estableció, por decreto, la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Ya existía la idea en el Parlamento, impulsada por la Coalición Cívica, de establecer una ayuda universal para los menores de 18 años de familias por debajo de la línea de la pobreza.
Pero fue después de que las elecciones legislativas de ese año, celebradas en junio, le dieran la espalda al oficialismo, en medio de candidaturas “testimoniales” y luego del enfrentamiento con el campo por “la Resolución 125”, que la actual vicepresidenta “se adueñó” de la iniciativa y la puso en marcha.
Trece años más tarde, y con al menos 15% más de pobreza, y otra elección legislativa perdida, el ahora Frente de Todos propone una medida más amplia. Entregar un Salario Básico Universal (SBU), cuyos alcances aún están “en estudio”.
El diputado del FdT, Itaí Hagman apuntó a “hay que convencer al presidente Alberto Fernández. Vamos a dar el debate porque creemos que es un planteo necesario en este contexto, así como los movimientos sociales también van a seguir exigiéndolo".
Hagman, autor de la iniciativa de "ampliación del sistema de seguridad social mediante el salario básico universal", en diálogo con Página/12 apuntó que “después de tres años de gobierno tenemos que plantear una agenda por la ofensiva. No podemos estar todo el tiempo discutiendo la agenda de la derecha, hay que hacer planteos que se enfoquen en las necesidades de la población".
Según su análisis “Argentina hoy tiene dos grandes desequilibrios: macroeconómicos y de ingresos. Tenemos que trabajar sobre los dos problemas. Si sólo atendemos lo primero, en el mejor de los casos, vamos a lograr estabilizar, pero va a ser sobre la base de un ajuste". Y “si no es el salario universal y alguien tiene otra propuesta, bienvenida sea, pero yo hasta ahora no escuché ninguna pensada para recomponer los ingresos".
La iniciativa que sumó el aval de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Lo charlé mucho con Juan Grabois y creo que tenemos que empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico", apuntó la titular del Senado, en su última aparición en Ensenada.
En su momento, no hace mucho, diez días que en Argentina parecen una eternidad, la entonces ministra de Economía, Silvina Batakis mostró su apoyo “a la discusión” sobre un Ingreso Básico Universal, aunque advirtió que "ni siquiera está resuelto en países desarrollados".
El tema lo heredó ahora el “super ministro”, Sergio Massa, que no solo tiene que hacer frente a ese pedido sino al compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en reducir el déficit fiscal a 2,5% del PBI este año, desde el 3,1%.
La iniciativa ya generó el rechazo de varias casas de estudios privadas, como el IERAL donde los economistas Marcelo Capello y Laura Caullo, explicaron que la propuesta del SBU implica “pasar de alcanzar a las 7,5 millones de personas que actualmente reciben la Asignación Universal a ampliarse a 17 millones de argentinos, dependiendo de si se incluyeran o no las personas beneficiarias del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), quienes presentan dificultad laboral y quienes están en edad laboral pero no participan del mercado de trabajo”.
El criterio de lo que se pretende cubrir puede variar entre $ 14.401, que es el valor actual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), a los $ 24.241, que es el monto del Ingreso Familiar de Emergencia.
“En cualquiera de los escenarios que podrían surgir de la combinación de estos factores, la propuesta resultará inviable para la Argentina. El costo fiscal de implementarla iría desde 1,7% a 6,6% del PBI”, dijo la casa de estudios de la Fundación Mediterránea.