El Gobierno apunta a aplicar a las empresas multas de hasta $214 millones por infracciones a la ley de Defensa del Consumidor, que incluye también incumplimiento de los acuerdos de precios. El nuevo techo de sanciones quedaría 43 veces superior al actual, mientras la Secretaría de Comercio Interior intenta cerrar acuerdo con empresarios para frenar los altos niveles de inflación.

El oficialismo consiguió este miércoles a la madrugada la media sanción del proyecto de Presupuesto 2023, que contenía en su artículo 214 una modificación en el inciso B del artículo 47 de la ley de Defensa del Consumidor que contempla las multas por infracciones. Las mismas se encuentran entre $100 y $5 millones desde el 2008, por lo que el efecto de la inflación diluyó en estos años.

El nuevo texto lleva la multa a un equivalente de entre 0,5 y 2.100 Canastas Básicas Total que publica el Indec. Hasta septiembre la CBT equivalía a $102.073, por lo que a partir de ahora, si el Senado aprueba el Presupuesto sin excluir dicha medida, las sanciones estarán entre $51.036 y más de $214 millones por cada falta en la que incurran las firmas. Este valor se irá actualizando en base a la inflación de los bienes y servicios incluidos en dicha cesta.

Las otras sanciones de Defensa al Consumidor que permanecerán invariantes son: apercibimiento, decomiso de mercadería, clausura de establecimiento o suspensión del servicio afectado por hasta 30 días, suspensión de hasta cinco años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado y la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios.

Para el secretario de Comercio, Matías Tombolini, esto no es solo una herramienta para empresas de servicios de telefonía, cable e internet, por caso, sino también un “palo” para las empresas que tengan algún tipo de acuerdo oficial como Precios Cuidados o Ahora 30. Mucho más aún si se tiene en cuenta que se está negociando con las grandes compañías de consumo masivo un acuerdo para congelar el precio de entre 1.000 y 2.000 productos entre mediados de noviembre y marzo. También se está terminando de definir otro con el hilado textil, mientras el rubro prendas de vestir y calzado lidera el IPC con 118% de aumento en el último año.

Desde el sector empresario consideran la medida como un endurecimiento en las relaciones con Comercio Interior y apuntan a que no tienen responsabilidad plena en los aumentos, ya que acusan que forman parte del traslado de costos a precios finales. Desde el Gobierno ya señalan que los márgenes de ganancia se recuperaron más que considerablemente luego de la pandemia, pero apuestan a llegar a acuerdos sectoriales. Cristina Kirchner, por su parte, reclama una mayor intervención en el mercado, sobre todo en el alimenticio ante la última suba de la indigencia.